El pasado mes de mayo y la semana pasada os hablé en este blog de uno de los Cursos de Verano de la UPV-EHU que, como todos los años, tienen lugar en la bella Donosti. El curso se titulaba POLITICAS PUBLICAS DE SUELO Y VIVIENDA EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONOMICA Y FINANCIERA.
Os dije que, poco a poco, os iría comentando lo que en ese curso se expuso y debatió. Pues bien, empiezo hoy esa tarea. Y lo primero que debo hacer es reproducir las palabras de presentación de este curso a cargo de Miguel Angel García Herrera, catedrático de derecho constitucional de la UPV-EHU y uno de los directores del grupo de estudios de políticas públicas de suelo y vivienda Ekiten Thinking.
"Buenos días. Me corresponde a mí, en calidad de director de este curso de verano (condición que comparto con los profesores Unceta y Garrido) realizar su presentación. Procedo a ello.
Sintéticamente lo que pretendemos con este curso es ayudar a establecer un debate entre académicos, políticos, gestores públicos y privados, financieros, profesionales, estudiantes, activistas sociales y ciudadanos sobre los problemas urbanos y, de entre ellos, más específicamente sobre el problema de la vivienda, en un contexto como el actual caracterizado por una fuerte crisis financiera, económica, laboral y social, causada por las evidentes deficiencias de los mercados desregulados, que está siendo tratada de combatir con una notable intervención pública en rescate de la economía y las personas, que está ya ocasionado un creciente gasto, endeudamiento y déficit público y todo ello en un momento de interesante revolución cognoscitiva y de crisis energético-medioambiental de inaplazable solución. Ante esta situación, con el ánimo de recuperar el auténtico sentido etimológico de la palabra “crisis”, nos deberemos cuestionar si la realidad actual no nos coloca acaso ante la oportunidad de repensar profundamente sobre las bases del modelo socio-económico en el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades basado, más que en las necesidades e impulso del mercado inmobiliario, como hasta ahora, en los retos que nos plantean los postulados del urbanismo sostenible y las crecientes demandas ciudadanas en aras a una mayor y mejor calidad de vida.
Pretendemos realizar este debate entre académicos, políticos, gestores públicos, financieros, profesionales, estudiantes, activistas sociales y ciudadanos sobre los problemas urbanos utilizando para ello los instrumentos científicos que nos proporcionan diferentes disciplinas académicas y profesionales. Especialmente importantes serán las perspectivas económica, jurídica, sociológica y arquitectónica. Pero otras disciplinas también deberán ayudarnos en la tarea que nos proponemos.
En los últimos años el mercado inmobiliario español, salvo contadas pero muy meritorias excepciones, se ha caracterizado por una desmesurada producción de vivienda libre nueva, una baja producción de vivienda protegida, un mercado del alquiler privado raquítico y disfuncional, la práctica desaparición del alquiler público, la presencia residual de los trabajos de rehabilitación y regeneración urbana, un gran parque de vivienda vacía ociosa, un alto consumo de suelo y profunda huella ecológica.
Todo ello, lejos de hacer más accesible la vivienda a la ciudadanía, ha implicado una espiral alcista de precios, una verdadera burbuja inmobiliaria, negada por muchos responsables políticos y económicos, y que en su explosión ha destapado muchas de las miserias de este modelo económico, social y medioambiental:
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La paradoja de la vivienda inaccesible para gran parte de la sociedad en un contexto de sobre-producción de vivienda
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Acumulación multimillonaria de plusvalías urbanas en muy pocas manos
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Fuerte crisis de sobre-endeudamiento hipotecario de la población sumado una muy precaria posición económico-financiera de las empresas del sector, que redunda en una problemática gestión de la cartera inmobiliaria e hipotecaria de cajas y bancos,
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Degradación del medio ambiente natural y urbano, con presencia de tejidos urbanos de mala o deficiente calidad, importados muchos ellos de modelos de desarrollo ajenos a nuestra tradición de ciudad compacta continental europea
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Importante presencia en determinados lugares de prácticas de corrupción
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Práctico abandono de la investigación técnico-arquitectónica y escaso interés por la industrialización de la construcción
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Administraciones Públicas locales que, por su precaria situación de recursos humanos y económicos, muchas veces se han visto relegadas al papel de beneficiarias residuales de las plusvalías urbanísticas con práctico abandono de su obligación de intervención e intermediación en el mercado inmobiliario,
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Fuerte dependencia de la economía y el empleo español del “ladrillo” lo que aboca a nuestro tejido económico a ciclos económicos expansivos – basados en tendencias fuertemente especulativas - y a fases de recesión pronunciadas – como el que estamos viviendo-
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Evidente retroceso de los derechos sociales como el derecho a la vivienda, la salud social, la sostenibilidad medioambiental del medio urbano y natural y el derecho a un modelo de desarrollo económico equilibrado.
Este triste panorama tampoco ha pasado tampoco desapercibido en el ámbito de las instituciones europeas donde, recientemente, el Parlamento Europeo ha llamado, y no es la primera vez, la atención y alertado al Estado español instándole a una rápida corrección de estas prácticas (informe AUKEN)
El grupo de académicos que organizamos este curso de verano partimos de unas bases muy claras. No engañaremos a nadie. Nuestro horizonte finalista es la sociedad democrática avanzada de la que habla el Preámbulo de la Constitución española de 1978 y nuestro bagaje instrumental es el Estado Social y Democrático de Derecho del que habla el artículo primero de nuestra Carta Magna.
Estamos convencidos de que en materia de vivienda es necesario debatir y construir en torno a las categorías derecho subjetivo y servicio público de vivienda. Defendemos que el derecho a la vivienda, al medio ambiente, a la participación ciudadana y a la plenitud en el disfrute del resto de derechos y libertades constitucionales dentro del medio urbano son factibles en el actual estado de desarrollo de la UE, España y Euskadi. Defendemos abiertamente que la ciudad se piense, debata, construya, disfrute y reinvente por toda la ciudadanía. Es más, y la realidad presente nos avala, consideramos disfuncional el que la ciudad y la vivienda sean tratadas como una cuestión solo de propietarios de suelo, promotores urbanísticos, bancos, cajas, concejales, alcaldes y partidos políticos. Entendemos que las ciudades del futuro deben ser creadas, vividas y reinventadas a través de redes profundamente democráticas, fomentadoras de la ciudadanía activa, o en caso contrario seguiremos sufriendo las externalidades disfuncionales del mercado. Por ello apostamos por unas AAPP fuertes, dotadas de recursos humanos y económicos, que puedan desempeñar con eficacia las labores de regulación, supervisión e intermediación pública desplegando su actividad urbanística en forma de alianzas y partenariado público-privado y público-público.
Para conseguir que la vivienda sea un derecho subjetivo real y efectivo de la ciudadanía y que el medio urbano sea un campo en el que se desplieguen los derechos y libertades constitucionales de todos es necesario dotar al nuevo modelo urbano español y vasco de una serie de instrumentos que requieren un profundo debate intelectual, ciudadano y público. Debemos preguntarnos como queremos gestionar nuestros suelos (ya colonizados o por artificializar) en el futuro. Debemos preguntarnos si queremos, debemos o podemos seguir creciendo casi ad infinitum. Debemos cuestionarnos sobre el adecuado equilibrio entre la nueva edificación y la rehabilitación y regeneración de los tejidos urbanos ya existentes. Debemos preguntarnos que papel queremos que juegue la iniciativa pública en la gestación y reparto de las plusvalías urbanísticas, tanto en la ciudad ya consolidada como en la ciudad por nacer. Tenemos que saber que queremos en materia de producción, acceso y gestión de la vivienda protegida. Es necesario abordar no ya el debate, sino la praxis en materia de alquiler, especialmente el público. Debemos pensar en soluciones viables en relación al problema de la vivienda vacía y totalmente ociosa. También tenemos que articular alguna respuesta académica en torno a los problemas de la sobreocupación de algunos tejidos urbanos y viviendas. No debemos de dejar de atender adecuadamente las diferentes caras de la segregación socio-urbana. Debemos preguntarnos si no ha llegado ya el tiempo para una nueva regulación legal del endeudamiento hipotecario de los compradores de vivienda. Es inaplazable una reflexión intelectual honesta sobre la fiscalidad de la vivienda y el nivel y composición del gasto público en vivienda. Debemos abordar la necesidad de dotar a lo público de una serie de técnicas, profesionales y entidades de gestión a la altura de nuestros retos urbanos. Debemos preguntarnos si no sería mejor para todos, incluida nuestra economía, que esta se emancipara del ladrillo y disminuyera el peso de este a favor de otras actividades económicas de mayor valor añadido económico, social, medioambiental, etc. Debemos preguntarnos por la mejor manera de articular una ciudad, un medio urbano para todos, construido desde la participación ciudadana y ponderando adecuadamente todos los intereses sociales, económicos y ambientales en juego. En fin, debemos pensar en como hacer de nuestras ciudades y pueblos un ámbito de racionalidad medioambiental, prosperidad económica, conocimiento avanzado y profundización en la democracia.
Todo esto no es fácil hacerlo en época de crisis económica, financiera, laboral y social. Pero por más difícil que sea esta tarea es ciertamente inaplazable. Pues en el caso contrario, nos arriesgamos al muy gatopardiano “que todo cambien para que todo quede igual” y una vez superada esta crisis volveremos a las mismas prácticas urbanas disfuncionales en el siguiente periodo expansivo de nuestra economía.
Son las instituciones democráticas, los partidos políticos, las AAPP quienes tienen la resposnabilidad de impulsar estos cambios, pero desde la universidad, más si esta es una universidad pública, tenemos la responsabilidad de debatir y dar luz a soluciones técnicas e instumentales susceptibles de ser aplicadas funcionalmente sobre el trato social, económico y medioambiental urbano. En esa tarea estamos desde hace tiempo las personas que integramos Ekiten Thinking y a esa terea dedicaremos también este cruso de verano.
Desde la dirección de este curso entendemos que contamos con algunos de los mejores mimbres para la tarea intelectual que nos hemos marcado, aunque como siempre en este tipo de eventos lo más importante estará a ese otro lado de la mesa, entre el alumnado que en este caso está compuesto por más de 65 estudiantes, profesionales, académicos, intelectuales, políticos y gestores de muy variada procedencia que, a buen seguro, serán la verdadera base de tres días muy fructíferos en los que espero que demos algo de luz a los problemas que nos ocupan, disfrutemos y si es posible nos deleitemos con la bella ciudad que nos acoje."
Sirva este texto como introducción a los problemas que se trataron durante tres días a finales de julio del 2009 en Donosti. Con tranquilidad os iré contando lo que dieron de si las diferentes sesiones, los distintos temas y los diversos enfoques metodológico-profesionales.
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La semana pasada leíamos en el diario El Correo algo que ya sabíamos: en Euskadi, habiendo muchas menos viviendas nuevas sin vender que en el resto de España (en términos absolutos y porcentuales), hay bastante vivienda vacía reconducible hacia el alquiler y la venta (privada o pública).
Tambien pongo sobre la mesa que Euskadi lleva muchos años produciendo 16.000 viviendas al año, unas 7 viviendas por cada 1.000 habitantes. Una cifra a años luz de las 40 viviendas por cada 1.000 habitantes que se han construido en muchas CCAA españolas en los últimos 10 años. Mi conclusión: en Euskadi no tenemos un problema descomunal de vivienda nueva terminada y sin comercializar como tienen en otros sitios de España gracias a una política de contención en la producción de vivienda impuesta por el territorio (que tiene evidentes límites), por el bajo tamaño medio de las empresas vascas de promoción y construcción, pero también por lá política de contención constructiva y escasa corrupción de muchas autoridades públicas vinculadas a la órdenación del territorio y al urbanismo. El sector privado sabe que las políticas públicas vascas de urbanismo y vivienda de los últimos años les han librado de tener un problema comercial y empresarial de primera magnitud. No lo van a decir en público, pero en privado no tienen ningún problema en reconocerlo.
Sobre que hacer con el stock de vivienda vacía el pasado Gobierno Vasco ya puso en marcha algunas medidas (
